Fiscalía presenta acusación contra consejera regional que presentó falsa licencia de enseñanza media

La Fiscalía de Atacama presentó ante el Juzgado de Garantía de Vallenar la acusación en la causa que investiga en contra de la consejera regional Rebeca Torrejón Sierra, quien fue formalizada en octubre del año pasado por uso malicioso de instrumento público falso y obtención fraudulenta de remuneraciones por parte del Fisco.

Sobre el delito de uso malicioso de instrumento público falso, se estableció que la imputada concurrió en el año 2017 hasta el Liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar con la finalidad de obtener certificados de estudios de Cuarto Año Medio. Con ello, la consejera investigada logró obtener dos documentos, la Licencia de Enseñanza Media y el Certificado Anual de Estudios. Sin embargo, de acuerdo a la investigación dirigida por la Fiscalía, se pudo establecer que dicha licencia tiene un contenido ideológicamente falso, puesto que la imputada no figuró como alumna y nunca curso ni aprobó Cuarto Medio en el año 1975 en el mencionado recinto educacional.

Los documentos fueron presentados ante el Servel de Atacama para poder postularse a la candidatura de consejera regional durante ese mismo año, los que acompañó junto a una declaración jurada ante notario en la que aseguraba cumplir con los requisitos legales y constitucionales para poder postularse a dicho cargo de elección popular.

Por estos hechos, la Fiscalía de Atacama acusó por el delito de uso malicioso de instrumento público falso, por el que solicita se imponga una pena corporal de 7 años de presidio mayor, una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta para desarrollar cargos públicos durante el periodo de la condena.

SEGUNDO ILÍCITO

El segundo delito por el que acusó en esta causa, dice relación con que desde su nombramiento la imputada, en su calidad de consejera regional, percibió dietas y remuneraciones mensuales y anuales por parte del Gobierno Regional de Atacama. Las que, hasta agosto del año 2020, sumaban 45 millones 679 mil 136 pesos, lo que de acuerdo a la acusación fue calificado como el delito de obtención fraudulenta de remuneraciones por parte del Fisco.

Por este ilícito, se conoció, el Ministerio Público solicita la pena de 4 años de presidio menor, una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Tras la acusación, el Tribunal deberá fijar la audiencia de preparación de Juicio Oral para luego programar la fecha del juicio en que el Ministerio Público buscará acreditar ambos delitos a partir de los medios de prueba que ya forman parte de la carpeta investigativa de este caso.